segunda-feira, dezembro 18, 2006

AMÉRICA DEL SUR: MLIITARIZACIÓN: DE ESO NO SE HABLA

Análisis de Carlos Tautz

RÍO DE JANEIRO, dic (IPS) - Si bien la integración regional es el principal punto de la actual agenda política sudamericana, heridas abiertas impiden profundizar ese debate.



Entre los asuntos olvidados están la ocupación de Haití por tropas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bajo el liderazgo militar de Brasil y el liderazgo político de Chile, y la presencia armada estadounidense, tanto con tropas regulares como con agentes tercerizados (los famosos "contratistas") en 10 de las 12 naciones de América del Sur, con las excepciones brasileña y venezolana.

A pesar de la importancia de estos asuntos, la mayoría de los gobiernos oscilan entre la mención vaga y la omisión abierta de ellos.

Esa tónica se ha mantenido inclusive tras la llegada de presidentes izquierdistas o progresistas en varios países, iniciada en 1999 con Hugo Chávez en Venezuela y completada con el triunfo el mes pasado de Rafael Correa en Ecuador.

Este último, que será investido en enero, informó que en 2009 su país no renovará el acuerdo con Estados Unidos que permite a Washington mantener en la occidental ciudad portuaria de Manta su mayor base militar en América del Sur.

Durante las décadas de influencia neoliberal de 1980 y 1990, Estados Unidos profundizó su tradicional estrategia de combinar finanzas y diplomacia con expansión de poderío militar.

Mientras Washington utilizaba su hegemonía en instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para exigir la reducción de los aparatos estatales a cambio de préstamos, aprovechaba su proximidad con los gobernantes latinoamericanos y caribeños, a excepción de Cuba, para sembrar bases militares en la región.

Ahora mismo, aun sin contar con apoyo unánime, Estados Unidos mantiene diferentes formas de presencia militar, un fenómeno que ni siquiera se discute en los foros regionales y no es prioritario en los debates sobre integración.

La invisibilidad de esos dos problemas fue evidente durante la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones, realizada los días 8 y 9 de diciembre en la ciudad boliviana de Cochabamba y fuertemente estimulada por Brasil, país que responde por casi 40 por ciento de la economía regional.

Ningún mandatario habló de esos temas. Las declaraciones finales del encuentro no registran ni una referencia.

Inclusive la declaración de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, celebrada por movimientos sociales y populares en paralelo a la reunión de mandatarios, no se refirió a esos problemas en su cuerpo principal, relegándolos a un subcapítulo.

"Entiendo la lógica de la posición brasileña, aunque no concuerde con ella. Brasil no confronta con la política exterior de Estados Unidos ni tiene una base extranjera en su territorio. Por eso no se refiere al asunto", afirma la economista Sandra Quintela, de la organización Políticas Alternativas para el Cono Sur, con sede en Río de Janeiro.

Quintela forma parte de una campaña internacional por el retiro de las tropas internacionales de Haití y por la cancelación de la deuda externa de ese país.

En cambio, "no comprendo por qué (el presidente boliviano Evo) Morales y Chávez no tocan el tema", cuestiona Quintela.

La profesora Maria Regina Lima, del Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro, concuerda en que "es muy delicado para Brasil abordar la cuestión (de las bases militares), toda vez que no se ve directamente afectado".

Pero en cuanto a Haití, el problema es diferente. Brasil mantiene 1.200 soldados allí y comanda la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en ese país (Minustah, por sus siglas en francés), de 6.700 efectivos, desplegada desde junio de 2004, meses después de que el mandatario constitucional Jean-Bertrand Aristide fuera depuesto por un golpe de Estado en el que tomó parte un comando franco-estadounidense.

La Minustah tiene un mandato hasta el 30 de junio de 2007, pero en febrero las Naciones Unidas podrían prorrogarlo.

"De los 20 miembros del comando mayor de la Minustah, hay apenas dos sudamericanos. Los demás son estadounidenses, franceses, italianos y canadienses", afirma el activista Camille Chalmers, de la red Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo (Papda por sus siglas en francés), con sede en Puerto Príncipe.

"Estados Unidos controla la inteligencia militar y no comparte informaciones ni siquiera con el comandante general" de la misión, aseveró.

Entonces, ¿por qué Brasilia se desgasta políticamente para mantener en el Caribe lo que el argentino y premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel llama "intervención tercerizada por Estados Unidos"?

"Si no estuviésemos allí, sería peor", acostumbra a decir el diplomático Antônio Patriota, recién nombrado embajador brasileño en Estados Unidos.

"La agenda de Brasil para el continente es esencialmente económica. Por eso no trata sobre la militarización", explica la brasileña Maria Luisa Mendonça, de la Red Social de Organizaciones no Gubernamentales de Justicia y Derechos Humanos.

Respecto de la diseminación de la presencia militar estadounidense en América del Sur, la cancillería brasileña considera que es un asunto interno de cada país. "Sólo existe una base militar, Manta", replica el diplomático Joel Sampaio.

El Centro de Inteligencia del Ejército (CIE) de Brasil estima que "cerca de 6.300 militares estadounidenses, sin contar los soldados de agencias no gubernamentales contratados por el gobierno de Estados Unidos, estuvieron destinados o realizaron operaciones en la región de la Amazonia entre 2001 y 2002", según divulgó la agencia de noticias del gobierno de Brasil.

Según el CIE, Estados Unidos mantiene una presencia bajo diferentes formas, tanto a través de bases militares convencionales como a través de una cantidad imprecisa de oficiales, radares y pistas de aterrizaje. En total, esas presencias suman 23. Sólo en Perú habría ocho puntos, y en Colombia seis.

Ese último país lleva casi medio siglo de guerra civil, que hoy involucra a dos grandes guerrillas de izquierda (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional), a paramilitares ultraderechistas envueltos en un polémico proceso de desmovilización y al ejército regular, que ha recibido varios miles de millones de dólares de Washington bajo el paraguas del Plan Colombia antidrogas y contrainsurgente.

Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Washington intentó instalar una base en la ciudad de Alcântara, en el estado nordestino de Maranhão, donde se localiza la base de lanzamiento de satélites brasileños. Esa región está considerada la mejor ubicada en todo el planeta para actividades de ese tipo, por su proximidad con la línea del ecuador.

Pero debido al amplio rechazo social, el acuerdo entre los dos países para construir la base nunca fue firmado.

De acuerdo con la economista Ana Esther Ceceña, profesora de la Universidad Autónoma de México, el área de todos esos puntos de presencia militar alcanzaría las regiones de mayor aparición de recursos naturales estratégicos, como agua, diversidad biológica, gas natural y petróleo.

IPS pudo comprobar que hay una coincidencia entre el mapa de los recursos naturales, el de la presencia militar estadounidense y el de los proyectos de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana (Iirsa), coordinada técnica y económicamente por el BID.

La Iirsa pretende implantar normas legales comunes para el comercio de los 12 países de la región y desarrollar más de 300 proyectos de hidrovías, centrales hidroeléctricas y carreteras, principalmente en la región amazónica.

+ Dos Cumbres juntas pero no revueltas (http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39565)

+ Represas y gasoductos imparables (http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=39592)

+ Dos Cumbres, dos rumbos de integración (http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=39594)(FIN/2006)

segunda-feira, dezembro 11, 2006

AMÉRICA DEL SUR: DOS CUMBRES, DOS RUMBOS DE INTEGRACIÓN

Por Carlos Tautz

COCHABAMBA, Bolivia, 9 dic (IPS) - Los dos cumbres que concluyeron este sábado en esta central ciudad boliviana plantearon rumbos distintos de integración. Mientras el encuentro social puso por delante los derechos de los pueblos, los presidentes se concentraron en impulsar obras de infraestructura.

Al encuentro oficial, la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) asistieron ocho presidentes. Al tope de la agenda en esta reunión estuvo la interconexión física entre los 12 países sudamericanos.

Los mandatarios aprobaron la idea de instalar una secretaría general temporal de la CSN por un año en Río de Janeiro, destinada a elaborar estudios sobre la formalización y consolidación de la comunidad. Se trata de un plan de profundización de las relaciones, según dijo el presidente boliviano Evo Morales

Pero el trabajo de la secretaría no será fácil.

Según representantes de varios gobiernos e instituciones financieras presentes en Cochabamba, ese plan de profundización incluye la integración de los gasoductos, las plantas hidroeléctricas y las carreteras, a pesar de la franca oposición de la mayoría de las organizaciones que participaron de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, que también se celebró en esta ciudad.

"Estamos dispuestos a escuchar a los movimientos sociales como los que están aquí para superar eventuales desconfianzas en la relación a este u otro proyecto", dijo el vicepresidente de infraestructura de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Antonio Juan Sosa, en un debate durante la Cumbre Social.

Las organizaciones sociales que participaron de este encuentro, y que elaboraron una declaración con sugerencias que entregaron a los jefes de Estado sudamericanos, consideran equivocada la prioridad que le dan los gobiernos a las obras públicas y subrayan la importancia del desarrollo social.

Para ellos, las grandes centrales hidroeléctricas, los gasoductos y las autopistas entrañan impactos sociales y ambientales que no contribuyen a la integración de los pueblos.

La CSN "no debe ser una prolongación del modelo de libre mercado, basado en la exportación de productos básicos y bienes naturales, fundamentada en el endeudamiento y en la distribución desigual de la riqueza", señala el texto final de la Cumbre Social, que congregó a casi 4.500 personas, en su gran mayoría indígenas.

Pero, carentes de recursos fiscales, los presidentes prefieren ser pragmáticos y aprovechar la buena oferta de créditos en el mercado internacional. En su declaración final, los mandatarios no incluyeron ninguna de las sugerencias hechas en la Cumbre Social.

La CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil disponen juntos de 30.000 millones de dólares en 2006 para préstamos en proyectos.

Esas instituciones están particularmente interesadas en colocar esos recursos en las obras de la Iniciativa de Integración de Infraestructura de la Región de América del Sur (IIRSA), coordinada por el BID.

Casi todos los gobiernos expresaron en la Cumbre de la CSN su respaldo a la IIRSA, y tres de ellos pasaron de la crítica abierta a un apoyo condicionado.

El presidente venezolano Hugo Chávez calificó de "economicista" a la iniciativa, y leyó ante los demás mandatarios un documento en el que los movimientos populares acusan a la IIRSA de ser un instrumento de las empresas multinacionales para exportar recursos naturales sudamericanos a los países ricos.

Chávez también criticó la sucesión de reuniones presidenciales y sugirió la institucionalización de la CSN. "Vamos de cumbre en cumbre, y el pueblo va de abismo en abismo", afirmó.

"Necesitamos (crear) el Banco del Sur, un sistema de salud, universidades y otras instituciones que ayuden a nuestros pueblos a salir de la condición en que se encuentran", añadió.

Mientras, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, principal defensor de la IIRSA, propuso que un futuro parlamento de la CSN tenga como sede esta ciudad boliviana.

"No tenemos derecho a fallarle al pueblo de este continente. No nos llevará 50 años integrarnos, como le llevó a Europa. El siglo XXI, que no será un siglo perdido como el XX, será el siglo de América del Sur", dijo Lula.

El presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, que asistió a la Cumbre de la CSN como invitado, sostuvo que la mayoría de los 31 proyectos de la IIRSA deben ser revisados.

No obstante, dio su respaldo a algunos planes, como la construcción de autopistas y puertos para la exportación de bienes brasileños al Pacífico a través de Ecuador.

En una carta abierta a los movimientos de la Cumbre Social, Morales también mostró cierta reticencia sobre la IIRSA.

Sin embargo, su viceministro de Electricidad, Jerjes Mercado, dijo a IPS que Bolivia quiere participar del primero y hasta ahora más polémico proyecto de la iniciativa: la construcción de dos usinas eléctricas en el río Madeira, en Brasil.

Ambientalistas alertan que esto podría provocar inundaciones que afecten parte del territorio boliviano.

En el campo político, los encuentros en Cochabamba dejaron en claro que, para que la CSN pueda seguir adelante, es necesario unificar los dos bloques de integración: la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur)

Analistas consideran posible que la elección del izquierdista Rafael Correa en Ecuador ayude a la región a caminar en ese sentido.

"Si él confirma la adhesión al Mercosur, romperá con el eje neoliberal andino de Perú y Colombia, que firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos", señaló el sociólogo Edgardo Lander, de la Universidad Central de Venezuela y uno de los principales teóricos de la Alianza Social Continental, red de organizaciones sociales que participó de la Cumbre paralela.

Lander abandonó Cochabamba con cierto optimismo, a pesar de alertar en varias oportunidades que la CSN necesita tomar decisiones concretas y salir de los "bellos discursos diplomáticos".

A este respecto, Lander puede quedarse tranquilo. Correa confirmó a IPS que este miércoles viajará a Argentina para discutir con el presidente Néstor Kirchner la promoción de Ecuador como nuevo miembro asociado del Mercosur.

AMÉRICA DEL SUR: REPRESAS Y GASODUTOS IMPARABLES

Por Carlos Tautz

COCHABAMBA, Bolivia, 8 dic (IPS) - Inclusive con la oposición frontal de movimientos que constituyen su base social, los gobiernos sudamericanos han resuelto iniciar la integración regional por su aspecto más crítico, las grandes obras de infraestructura.

A juicio de indígenas, ecologistas y miembros de organizaciones no gubernamentales, las grandes centrales hidroeléctricas, los gasoductos y las autopistas --un paquete de más de 300 megaproyectos que es la base de la Comunidad Sudamericana de Naciones--, entrañan impactos sociales y ambientales y no contribuyen a integrar los pueblos.

Durante la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana, que comienza este viernes por la noche y finalizará este sábado en la central ciudad boliviana de Cochabamba, los delegados de los 12 países miembros aceptaron reunirse con movimientos civiles en la Cumbre Social para la Integración de los Pueblos.

Pero asistieron a ese encuentro paralelo, que también se celebra hasta este sábado en la misma ciudad, para reafirmar que seguirán adelante con la polémica Iniciativa de Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana (Iirsa).

El jueves, el secretario general (viceministro) de Relaciones Exteriores de Brasil, Samuel Pinheiro-Guimaraes, ya había alertado a los movimientos sociales, con los que mantiene siempre buen diálogo, que la integración física de América del Sur no se detendrá.

"El progreso tecnológico y científico que vemos en el mundo entero impulsa todas las áreas, desde la economía hasta la guerra. Necesitamos constituirnos en un bloque para hacer frente a esa realidad, y la conexión física del continente es imprescindible", afirmó.

"Trabajo en la Iirsa desde 2002 y he visto algunos cambios en su concepción, que aparecen a medida que realizamos diálogos como éste con los movimientos sociales", sostuvo Ariel Pares, quien coordina la participación brasileña en la Iniciativa desde el Ministerio de Planeamiento de ese país.

Al hablar junto a altos funcionarios de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas de Bolivia, Pares fue enfático.

"La población y la economía de América del Sur están fuertemente concentradas en los litorales del Atlántico y del Pacífico. Necesitamos hacer ejes viales bioceánicos para unir esos dos extremos y llevar desarrollo al vacío existente en medio del continente", sostuvo.

Los "vacíos" a los que se refiere Pares son el Pantanal, las cordilleras andinas y la región amazónica. Esta última alberga cerca de 20 millones de habitantes solamente en su porción brasileña.

Un proyecto en particular va a poner a prueba la disposición de los gobiernos sudamericanos, varios de los cuales están ocupados por fuerzas que hasta hace poco criticaban estos planes.

Las dos megacentrales hidroeléctricas proyectadas sobre el río Madeira, en el occidental estado brasileño de Rondônia cercano a la frontera con Perú y Bolivia, forman parte de la Iirsa y son consideradas peligrosas tanto por el Movimiento de Afectados por las Represas, en Brasil, como por el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), aunque la agencia ambiental brasileña Ibama diga lo contrario.

"Los mismos estudios realizados hasta ahora por el consorcio brasileño que desea construir las usinas muestran que, desde 1990, se ha incrementado en dos por ciento el nivel de sedimentos en el lecho del río", observa el especialista boliviano en salud pública Pablo Villegas, miembro del Fobomade.

"Ellos mismos estiman que en 50 años el fondo del río se habrá elevado hasta en 20 metros, ampliando el lago que será formado por las (planificadas) centrales de San Antonio y Jirau", agregó.

"Del lado boliviano, esa expansión del lago podría inundar la región de Riberalta y Guayaramerin, donde viven más de 100.000 personas que perderían su sustento", agregó.

Esa posibilidad no aleja el interés del gobierno boliviano de tomar parte del proyecto. "No nos oponemos y hasta queremos ser parte, si el complejo sobre el río Madeira no afecta la soberanía boliviana ni al pueblo de esa región", apuntó el viceministro de Electricidad de Bolivia, Jerjes Mercado.

El funcionario informó asimismo que el 15 de este mes, el canciller boliviano David Choquehuanca viajará a Brasilia a debatir el plan con técnicos de ese país.

"El problema del complejo de Madeira, que aún puede incluir otras dos usinas y una hidrovía, es que fue concebido en 2000, por el anterior gobierno brasileño (de Fernando Enrique Cardoso), cuando la coyuntura de América Latina era otra", opinó el analista y sociólogo Luis Novoa, profesor de la Universidad de Rondônia.

"Se necesita frenar el cronograma y revisar el proyecto", recomienda.

Va ser una tarea difícil, porque a favor de los proyectos está el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien expresó inclusive su disposición a romper lazos con sus aliados tradicionales para construir las centrales.

"Indígenas, 'quilombolas' (descendientes de esclavos), ambientalistas y el Ministerio Público deben dejar de ser obstáculos al desarrollo", dijo Lula.

Incluso planes fuera de la Iirsa, pero enfocados como instrumentos de integración, atraen la atención de los gobiernos que están dispuestos a apostarles grandes sumas y a librar grandes luchas por ellos.

El jueves, el presidente (de Venezuela) Hugo Chávez estuvo en Brasilia discutiendo con Lula ocho planes comunes en el área de la energía.

Uno de ellos es el Gasoducto del Sur, que saldría de Venezuela, pasaría por todo el Nordeste brasileño y llegaría hasta Uruguay y Argentina en una extensión de casi 10.000 kilómetros y un costo estimado en 23.000 millones de dólares.

Ecologistas e indígenas venezolanos consideran que el proyecto es "megalómano" y dañará el ambiente, pues pasará por miles de kilómetros de la floresta amazónica.

AMÉRICA DEL SUR: DOS CUMBRES JUNTAS PERO NO REVUELTAS

POR CARLOS TAUTZ

COCHABAMBA, Bolivia, 6 dic (IPS) - Esta ciudad boliviana de casi un millón de habitantes que vivió en 2000 la "guerra del agua", es anfitriona ahora de otros dos acontecimientos que en nada se parecen a las protestas de hasta 100.000 personas contra la privatización de los recursos hídricos.

Este jueves comenzó en Cochabamba la Cumbre Social para la Integración de los Pueblos, que continuará hasta este sábado, reuniendo a casi 3.000 representantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales de América Latina y el Caribe, la mitad de ellos bolivianos, en el céntrico Instituto Americano.

Esta reunión --que reitera los temas y el formato del altermundista Foro Social Mundial nacido en 2001 en la brasileña Porto Alegre--, es organizada por la Alianza Social Continental (ASC), que adquirió notoriedad por liderar la campaña contra la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, y por el Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos.

La Cumbre acontece de forma paralela y con estrecho vínculo con la II Cumbre Sudamericana de Naciones, encuentro oficial que reunirá este viernes y el sábado en esta misma ciudad a representantes de 12 países de la región. Hasta este miércoles, 11 jefes de Estado o de gobierno habían confirmado su presencia.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela son los 12 miembros de la Comunidad Sudamericana, constituida en diciembre de 2004.

Varios de los delegados de la reunión oficial debatirán con los activistas de la Cumbre Social sobre los 13 asuntos que las organizaciones consideran estratégicos para la integración sudamericana.

Desde ambiente e infraestructura, pasando por derechos sociales y pueblos indígenas, toda la agenda del encuentro pondrá a debate la integración sudamericana que, liderada hasta hoy por los gobiernos, ha priorizado apenas los aspectos comerciales en las relaciones entre los países.

El propósito de la Cumbre Social, dicen sus organizadores, es dar voz a las poblaciones que hasta ahora sólo han tomado contacto con los modelos de desarrollo adoptados por los gobiernos a través de sus impactos.

Pero, a pesar del inédito clima de diálogo entre organizaciones y gobiernos que suelen estar en campos opuestos, no todas son flores en las relaciones entre las dos Cumbres.

A inicios de la tarde de este jueves, los debates envolverán a activistas y al embajador plenipotenciario para Temas de Integración y Comercio de la cancillería boliviana, Pablo Solón, y al viceministro brasileño de Relaciones Internacionales, Samuel Pinheiro-Guimarâes, uno de los responsables de la política exterior de Brasilia.

Al final de la tarde, otra reunión pondrá frente a frente a representantes de la Cumbre paralela con los vicecancilleres que estén presentes para el encuentro oficial.

"De esos encuentros no emergerán decisiones, pero tampoco serán un mero intercambio de informaciones", dijo a IPS el coordinador de la ASC, Gonzalo Berrón. "Vamos a mostrar cuáles son los puntos más críticos de la agenda de integración", agregó.

Esas cuestiones -- algunas de ellas "calientes", según Berrón-- están expuestas en un texto que el Grupo de Reflexión de la ASC dirigió un mes atrás a las cancillerías de los países de la Comunidad Sudamericana.

Por ejemplo, la ocupación Haití desde mediados de 2004 por fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas lideradas en lo militar por Brasil y en lo político por Chile, y la ausencia de debate sobre las migraciones.

Pero la agenda que despierta la antipatía de muchos movimientos sociales es la Iniciativa para la Integración de Infraestructura de la Región Sudamericana (Iirsa).

Coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con promesas de abultados aportes financieros del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), la Iirsa es un paquete de más de 300 obras, entre hidrovías, ferrocarriles y centrales hidroeléctricas, que aún está por iniciarse.

La IIrsa es también la mayor manzana de la discordia entre las dos Cumbres y el único elemento que, hasta ahora, ha dado alguna institucionalidad a la Comunidad Sudamericana. Fue propuesta en 2000 por el entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), y abrazada con entusiasmo por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Se trata de una suerte de base sobre la cual se apoya la Comunidad Sudamericana. Pero, a medida que es divulgada --el primer debate público fue cinco años después de su lanzamiento, en noviembre de 2005 en la sede del BNDES en Río de Janeiro-- ha recibido críticas de todos lados.

Las organizaciones sociales acusan a la Iirsa de servir a grandes grupos internacionales exportadores de los recursos naturales de América del Sur, sin que la población local saque provecho alguno de esas riquezas.

El anfitrión de la II Cumbre, el mandatario boliviano Evo Morales, envió al encuentro paralelo una carta clara y directa, evitando las expresiones dulcificadas de la diplomacia.

Entre otras consideraciones, Morales advierte que "debemos revisar la Iirsa para tomar en cuenta las preocupaciones de las personas que quieren ver avenidas en el marco de polos de desarrollo y no autopistas por las cuales pasan contenedores para la exportación en medio de corredores de miseria y aumento del endeudamiento del país".

Varias de las obras que constan en los planes de la Iirsa, del BID y del BNDES siguen la lógica de establecer plataformas para la exportación de productos naturales hacia fuera de la región.

Ese es el caso de las grandes centrales hidroeléctricas de San Antonio y Jirau, planificadas a un costo de 13.000 millones de dólares para ser construidas sobre el río Madeira, en el noroccidental estado brasileño de Rondônia, en la frontera con Bolivia, afirma el sociólogo Luis Novoa.

"Tenemos estudios que señalan la posibilidad de que el lago a ser formado por el embalse del río Madeira acumule sedimentos en su fondo y se expanda, inundando territorio boliviano en algunos años", estima el brasileño Novoa.

En su opinión, existe la posibilidad de que las dos hidroeléctricas sean apenas la punta de lanza de un complejo aún mayor, que implicaría la construcción de otras dos usinas y de una hidrovía para transportar la soja y otros productos agrícolas que serían cultivados en zonas de la floresta brasileña.

Habituales afectados por proyectos de este tipo, los aborígenes se anticiparon al inicio de la Cumbre Social y realizaron el lunes y el martes el encuentro "Integración de América del Sur desde el Punto de Vista de los Pueblos Indígenas", que reunió a representantes de casi dos millones de personas de varias etnias.

"Queremos que los acuerdos gubernamentales de integración incluyan el respeto a los derechos indígenas ya establecidos en otros documentos internacionales, como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce las organizaciones socio-políticas de los indígenas, así como el derecho a las riquezas contenidas en nuestros territorios", pidió el cacique de la etnia xukuru, Marcos Luidson de Araújo Tatuí, procedente del nororiental estado brasileño de Pernambuco.

"Las grandes inversiones que sólo miran al mercado externo, como las del sector del papel y la celulosa, son obstáculos a la demarcación de nuestros territorios y causan muertes y suicidios entre indígenas que sufren al sentirse confinados en un pequeño espacio de tierra", agregó.